En España , nuestra legislación, no permite a un ciudadano que vaya a ser lanzado de su casa poder obtener una resolución de un Juzgado que paralice el mismo invocando esas clausulas abusivas en las hipotecas que están pagando. Si un ciudadano quiere invocar esta razón, lo tendrá que hacer en otro juicio una vez que haya sido expulsado de su casa, y no creo que alguien que no tiene para pagar su casa, pueda afrontar los gatos de un procedimiento de estas características en el que vas a luchar contra el sistema financiero establecido. Dice el Tribunal Europeo, que esta protección que otorga la legislación española a posteriori es "incompleta e insuficiente porque no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" y se limita al "pago de una indemnización por daños y perjuicios". Y esta indemnización va a cubrir el valor de la casa y, ni mucho menos, viene a paliar todos los efectos negativos para la vida de la familia en el aspecto sentimental, emotivo y de vida diaria familiar (no hay más que mirar los casos de los desahucios que vemos en los medios de comunicación en los que hay personas mayores dependientes y que viven solas; niños pequeños que no entienden lo que pasa, y personas que no tienen otra casa donde ir y que llegan a quitarse la vida).
(Fuente: Diario de Salamanca) La sentencia denuncia que "basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva". hay un hecho que ni observamos ni del que nos informan cuando firmamos una hipoteca, y es que, además del valor de la misma, existe un valor que incrementa lo que nos han dado con intereses de demora y costas judiciales y es el valor por el que las demandas instan la ejecución: nos encontramos con que nos denuncia el banco y nos pide en la demanda 120000 euros, cuando sólo debemos de la hipoteca unos 80000, y es por ese valor de cara a una subasta pública que vemos (pero no leemos al firmar la hipoteca) en la escritura y en la inscripción registral.
Mucho se está hablando de la dación en pago mediante la que se pretende que , con la entrega de la vivienda, se pueda salvar la deuda con los bancos, pero esta directiva ni siquiera viene a avalar esta figura; no nos equivoquemos. La dación en pago es una figura que dejaría a los bancos en una situación que ningún gobierno va a permitir, pero sí es loable que, al menos, haya existido un pronunciamiento de un Tribunal Superior a los nuestros que hay dicho que nuestra normativa es ilegal a todas las luces con las directrices que marca la Unión Europea. "La normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los bancos y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".
Sí es cierto, y creo que es lo mejor de la resolución, que la misma se ha dictado a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano contra la entidad Catalunya Caixa que fue desahuciado en enero de 2011 por impago de hipoteca. A raíz de esta expulsión y de esta denuncia, un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona presentó una cuestión al Tribunal Europeo que es la que ahora se contesta con esta resolución.El ciudadano den cuestión solicitaba que el procedimiento de ejecución hipotecaria se declarara nulo tras solicitar que se declarara nula una clausula de su préstamos hipotecario
Y digo que es lo mejor, porque demuestra el impulso y las ganas ciudadanas de luchar contra una legislación injusta viendo que los legisladores y el poder ejecutivo no hacen más que lanzar balones fuera con este tema del que todos y ninguno se hacen responsables.
Concluye la sentencia que "La directiva sobre las clausulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conoce del proceso declarativo, es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una clausula, adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".
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